Pese al avance en el trámite de abrogación de la Ley 1720, las protestas se radicalizan en las rutas a Oruro, a Desaguadero, en la frontera con Perú, al lago Titicaca y al norte del departamento de La Paz, dejando a la ciudad sede de Gobierno cercada
Los bloqueos en las rutas troncales de La Paz se mantienen pese a que el trámite de la abrogación de la Ley 1720, de conversión voluntaria de la propiedad, avanza en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La noche del martes, el Senado aprobó la norma, aunque con modificaciones, por lo tanto, debe volver a la Cámara de Diputados para su revisión.
Se trata de una de las demandas de los sectores campesinos e indígenas que se movilizan en La Paz. Empero, solo los marchistas de Pando y Beni evalúan dejar la sede de Gobierno tras la decisión del Senado.
Pese a ese avance, los bloqueos en las rutas a Oruro, a Desaguadero, en la frontera con Perú, al lago Titicaca y al norte del departamento se radicalizan, dejando a la ciudad sede de Gobierno cercada.
La salida de buses desde las terminales de La Paz y El Alto están suspendidas desde la semana pasada.
Los movilizados anunciaron que ya no solo es la ley. Las dirigencias han modificado sus demandas, puesto que ahora piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Así lo han expresado sectores campesinos y la Central Obrera Boliviana (COB), cuyo principal dirigente Mario Argollo ha confirmado esa premisa, aunque deslindó responsabilidad.
“Hay un pueblo que está pronunciándose y el pueblo se va a hacer escuchar. Nosotros solo vamos a ser encargados de (comunicar) la posición que tienen las bases”, sostuvo.