El vicepresidente informó que la Central Obrera Boliviana, la Federación Tupac Katari, Bartolina Sisa y el Magisterio no asistieron al diálogo convocado por el Gobierno. La razón principal: piden garantías formales y el archivamiento de los procesos judiciales.
La falta de garantías jurídicas formales mantiene trabado el acercamiento entre el Gobierno y los sectores sociales movilizados. Así lo reconoció este miércoles el vicepresidente Edmand Lara, al explicar por qué la mesa de diálogo convocada desde el Ejecutivo no logró reunir a las principales organizaciones del país.
Los sectores no asisten mientras pesen órdenes de aprehensión contra sus dirigentes. Esa es la condición que han planteado, según la autoridad, organizaciones como la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación Tupac Katari, la Bartolina Sisa y el Magisterio. El reclamo central es claro: no aceptan una garantía verbal, sino que exigen que los mandamientos judiciales queden sin efecto.
El vicepresidente explicó que el Ministerio de Gobierno es la entidad que presentó la denuncia penal en contra de uno de los dirigentes con orden de aprehensión: Mario Argollo. Ante ese escenario, una posible salida jurídica sería que el propio Ministerio de Gobierno desista de la acción penal, lo que dejaría sin efecto la orden de captura.
La gestión para destrabar el conflicto comenzó el martes, cuando el ministro Lupo acercó al presidente Rodrigo Paz los planteamientos de los sectores. Sin embargo, los movilizados consideran insuficiente la palabra del Gobierno y reclaman un documento formal que anule los procesos judiciales. «Ellos piden que las órdenes de aprehensión queden sin efecto y los procesos en foja cero», afirmó Lara.
El diálogo, mientras tanto, no se clausura. El vicepresidente adelantó que se realizará una nueva convocatoria, una vez que se conozca la decisión del Ministerio de Gobierno respecto al desistimiento de la denuncia. «Somos facilitadores del diálogo, vamos a convocar las veces que sean necesarias», sostuvo la autoridad, al tiempo que reconoció que el conflicto se agrava día a día.
Otra condición impuesta por los sectores movilizados es la presencia del presidente Rodrigo Paz en la mesa de negociación. Según Lara, si se levantan las órdenes de aprehensión, las organizaciones se comprometen a asistir al encuentro con el mandatario.
La información sobre la postura de la Federación Tupac Katari fue transmitida al Gobierno a través de la representante de derechos humanos de las 20 provincias, quien actuó como vocera de los dirigentes. Ella manifestó que no se sentarán en la mesa mientras persistan las órdenes de aprehensión.